El máximo tribunal desestimó el recurso del Ejecutivo por razones procesales, sin pronunciarse sobre el fondo del conflicto. La resolución, firmada por unanimidad, mantiene vigente la actualización salarial para docentes y no docentes, y la recomposición de becas estudiantiles, en medio de una tensión política y fiscal que no muestra signos de resolverse a corto plazo.
El fallo y sus alcances
La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó el 25 de junio de 2026 la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795). La resolución, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó el recurso extraordinario presentado por el Estado nacional.
El argumento central del tribunal fue de carácter procesal: el recurso del Ejecutivo no se dirigía contra una «sentencia definitiva o equiparable», requisito indispensable para la intervención de la Corte en esta instancia. En consecuencia, el máximo tribunal rechazó tanto el pedido de excusación como la presentación directa del Gobierno, e intimó al Estado a efectivizar el depósito previsto por la ley.
La medida cautelar, originada en un amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y diversas universidades públicas, ordena la actualización de los salarios del personal docente y no docente desde diciembre de 2023, así como la recomposición de las becas estudiantiles. El fallo, sin embargo, no resuelve la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad del Decreto 759/25, mediante el cual el Ejecutivo condicionó la aplicación de la ley a la identificación de fuentes específicas de financiamiento.
Antecedentes: un conflicto de larga data
El litigio no es un episodio aislado, sino el desenlace de más de dos años de disputas entre el Poder Ejecutivo y el Congreso en torno al financiamiento del sistema universitario público.
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Parlamento en 2024, pero el presidente Javier Milei la vetó argumentando que comprometía el objetivo de «déficit cero» de su gestión. En 2025, el Congreso volvió a sancionar una norma similar; Milei la vetó nuevamente, pero esta vez el Parlamento revirtió el veto con mayorías agravadas. El presidente promulgó la ley en octubre de 2025, pero dictó un decreto suspendiendo su aplicación hasta que se indicara la fuente de financiamiento.
Fue entonces cuando el CIN acudió a la Justicia. En diciembre de 2025, un juez de primera instancia dictó la cautelar que ordenaba al Ejecutivo cumplir con la ley; en marzo de 2026, un tribunal de alzada confirmó esa medida. El fallo de la Corte Suprema de junio de 2026 vino a rechazar el último recurso del Gobierno, cerrando —al menos por ahora— la vía procesal para evitar la aplicación de la norma.
Impacto económico: un costo fiscal que tensa el ajuste
El fallo tiene implicancias económicas directas. Según las estimaciones oficiales, la ley de financiamiento universitario implicaría una asignación adicional cercana a los 3 billones de pesos (unos 2.000 millones de dólares), en un presupuesto universitario que para 2026 ascendía a 4,8 billones de pesos. El Gobierno había sostenido que el proyecto representaba un impacto fiscal de unos 2,5 billones de pesos, una cifra que calificó como «impagable».
En la práctica, sin embargo, la resolución judicial no generó un impacto económico inmediato adicional, dado que el 10 de junio de 2026 el Ejecutivo y las universidades habían firmado un acuerdo que establecía una recomposición salarial del 24,33%, un incremento del 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas para hospitales universitarios hasta 50.000 millones de pesos.
No obstante, el sector universitario sostiene que ese acuerdo cubre apenas la mitad de lo que docentes y no docentes perdieron desde diciembre de 2023 hasta la fecha. Según un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, el presupuesto para las universidades cayó en 2026 al 0,428% del PIB, su nivel más bajo desde 1989, frente al 0,718% de 2023. Las transferencias del gobierno a las universidades nacionales registraron una caída del 45,6% entre 2023 y 2026. Los salarios docentes, por su parte, cayeron un 34% en términos reales entre noviembre de 2023 y enero de 2026.
El fallo eleva el presupuesto universitario a cerca del 0,6% del PBI, aunque la ley fija un piso del 0,75%. La brecha entre lo acordado y lo que exige la ley seguirá siendo motivo de controversia.
Impacto político: un revés para el Ejecutivo y un triunfo institucional
Desde una perspectiva política, el fallo representa un revés significativo para el gobierno de Javier Milei. La Corte, al mantener vigente la cautelar, envió un mensaje claro: las leyes votadas por el Parlamento no pueden ser suspendidas por un decreto de menor jerarquía.
El presidente del CIN, Franco Bartolacci, celebró la resolución como «una extraordinaria noticia no solo para la comunidad universitaria, sino también para las instituciones de la nación». El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, destacó que «fue un camino largo y difícil» y agradeció a «una sociedad que nunca renunció a la defensa de la universidad pública».
La oposición política interpretó el fallo como un triunfo de la institucionalidad y un freno al ajuste del Ejecutivo. Sin embargo, el Gobierno respondió con una postura desafiante: desde Casa Rosada afirmaron que no cumplirán con la ley en su totalidad, argumentando que la Corte solo se pronunció sobre una cautelar referida a los artículos 5 y 6, y que el acuerdo de junio es el único compromiso que reconocen.
El Ejecutivo sostiene que «no va a pagar nada extra» y que el acuerdo firmado con las universidades a principios de mes es el que se va a cumplir. Esta postura sugiere que el conflicto, lejos de resolverse, podría escalar a nuevas instancias judiciales o políticas.
Reacciones de la comunidad universitaria
El fallo fue recibido con alivio y celebración en el ámbito académico. La rectora de la Universidad Nacional del Litoral, Laura Tarabella, calificó la decisión como «un paso muy importante» y destacó que es «producto de un trabajo articulado entre todos los actores que formamos parte de la universidad». No obstante, advirtió que «aún falta mucho porque el tema de fondo todavía no se ha resuelto».
La comunidad universitaria protagonizó múltiples movilizaciones masivas desde 2024 para reclamar mayor financiamiento y denunciar el deterioro del sistema por la reducción de fondos. El fallo de la Corte es visto como un reconocimiento a ese esfuerzo colectivo, aunque los rectores insisten en que la lucha continúa hasta lograr el cumplimiento pleno de la ley.
Lo que viene: el fondo del conflicto sigue abierto
El fallo de la Corte Suprema, aunque relevante, no zanja el conflicto. El tribunal se limitó a confirmar una medida cautelar sin pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto 759/25 ni sobre la obligación del Ejecutivo de aplicar la ley en su totalidad.
La causa continuará su trámite en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, donde se deberá decidir el fondo de la cuestión. Allí se determinará si el Poder Ejecutivo podía o no suspender artículos de una ley sancionada por el Congreso mediante un decreto.
Mientras tanto, el Gobierno queda obligado a cumplir con las erogaciones previstas en la cautelar, aunque busca alternativas para sostener su programa de ajuste fiscal sin desatar un conflicto mayor con el sistema universitario. La tensión entre el imperio de la ley, la autonomía del Congreso y la política de déficit cero del Ejecutivo permanece irresuelta.