Un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló la responsabilidad del Estado argentino por la falta de prevención e investigación efectiva en el atentado a la AMIA de 1994. El fallo, basado en los principios del Artículo 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, destacó que la inacción gubernamental no solo perpetuó la impunidad, sino que también profundizó el sufrimiento de las víctimas y sus familiares.

El tribunal instó a Argentina a redoblar esfuerzos para esclarecer los hechos, castigar a los responsables y ofrecer garantías de no repetición. Además, el fallo exige al Estado implementar medidas de reparación integral, incluyendo indemnizaciones y programas de apoyo a las víctimas. Este dictamen reaviva el debate sobre los derechos humanos y la obligación del Estado de proteger a sus ciudadanos frente al terrorismo.